Santo Domingo. - Tras una sesión de más de ocho horas, el Consejo Nacional de Educación decidió desautorizar los aumentos en los colegios privados que en un plazo de 10 días laborables no demuestren, con soportes documentales pertinentes y el aval de los directivos de la asociación de padres de cada centro que han hecho inversiones comprobadas, y experimentado aumentos en sus costos de operaciones que justifiquen esas alzas, de lo contrario quedará vigente la tarifa del año escolar que finaliza.
El Consejo también acordó prohibir la retención de documentos de los estudiantes por falta de pago de sus padres y nombrar una comisión para modificar la Ley de Educación 86-00, para categorizar los colegios educativos privados y la regulación que rijan los temas referidos a costos y calidad del sistema.
La ministra de Educación, Josefina Pimentel, quien presidió la sesión del organismo que inició a las 10:43 de la mañana y concluyó a las 6:20 minutos de la tarde, leyó la resolución en la que se establece que los documentos deben ser depositados en la Dirección de Instituciones Educativas Privadas de ese Ministerio, la cual hará las evaluaciones correspondientes para la autorización o rechazo del aumento de la tarifa que ronda desde un cuatro hasta 20 por ciento, según explicó.
“Conforme a la Ley 136-03, en su artículo 48, literales F y G, se prohíbe la retención de los expedientes de calificaciones, de documentos académicos, la no aplicación de evaluaciones de pruebas de rendimiento y la no emisión de certificados que afecten a los estudiantes, por falta de pagos o cuotas de parte de sus familiares.
Los padres, previo acuerdo con los propietarios de colegios privados, deberán comprometerse a honrar sus deudas”, establece el segundo punto de la resolución.
Mientras que en el tercer punto de la resolución se crea una comisión compuesta por miembros del Consejo Nacional de Educación para que inicie la revisión de la Ley 86-00, “con énfasis en la categorización de los centros educativos y el desarrollo de otros mecanismos de regulación, que rijan los temas referidos a costos y calidad del sistema”.
Pimentel dijo que los tres puntos de la resolución recogen la opinión de todos los sectores y las expectativas de los miembros del Consejo presentes en la plenaria.
La comisión designada para evaluar la propuesta de modificación a la ley 86-00 la integran miembros del Consejo, padres y representantes del Ministerio, la cual deberá iniciar los trabajos de inmediato y hacer las evaluaciones correspondientes desde una perspectiva que fortalezca la calidad de la educación.
La funcionaria dijo que si esa comisión entiende que hay que crear otros mecanismos complementarios también lo planteará al Consejo y si se determina que la Ley 86-00 debe ser ampliada lo someterán al Congreso.
Indicó que esperarán que la comisión haga su trabajo, “de manera que contemos con un instrumento que en el futuro nos permita aplicar mecanismos con un mayor nivel de operatividad”.
La plenaria del Consejo se realizó con varios invitados especiales como son la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino; el presidente de la Federación del Padres de Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas, Juan Ávila, así como Josefa Castillo, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, entre otros.
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